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6 logros en materia de derechos humanos

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Por Reinnier Mendez @ReinnierMP

La creación del cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 1993 ha permitido que una voz autorizada e independiente hable en favor de los derechos humanos en todo el mundo.

La Oficina del Alto Comisionado reacciona ante las crisis, apoya a los defensores de los derechos humanos y acerca los derechos humanos a las personas. Gracias a actividades de promoción, supervisión y capacitación, contribuye a reformas legislativas y de políticas que facilitan una mayor rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos e impulsan esos derechos.

Quedan muchos desafíos por delante en la lucha por promover y mejorar la dignidad, la libertad y los derechos de todos los seres humanos. Sin embargo, en los dos últimos decenios se han obtenido progresos importantes.

A continuación se indican 6 de los logros más importantes alcanzados desde 1993:

1. Los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, así como el derecho al desarrollo, se reconocen como derechos universales, indivisibles y que se refuerzan mutuamente de todos los seres humanos, sin distinción.

El goce de todos los derechos humanos forma una apretada red. El disfrute de un derecho contribuye al adelanto de los demás. Igualmente, la privación de uno de ellos influye negativamente en el resto. Por ejemplo, quienes no saben leer ni escribir suelen tenerlo más difícil para encontrar trabajo, participar en la actividad política o ejercer la libertad de expresión.

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a una alimentación y vivienda adecuadas, a la educación, la salud y la seguridad social, a participar en la vida cultural, a agua y saneamiento, y al trabajo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y su Protocolo Facultativo, en 2013. El Comité que supervisa la aplicación del Pacto se estableció en 1985. Además, en 2009 se nombró a un relator especial en la esfera de los derechos culturales.

Los derechos civiles y políticos incluyen el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, la libertad de no estar sometido a esclavitud, tortura ni arresto arbitrario, así como los derechos a un juicio justo, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación y a la intimidad. El Comité de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976. El Pacto tiene dos Protocolos Facultativos, el primero de los cuales entró en vigor en 1976 y el segundo, que se ocupa de la abolición de la pena de muerte, que está vigente desde 1991.

2. Los derechos humanos han pasado a ser un elemento central del diálogo mundial sobre la paz, la seguridad y el desarrollo.

La paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los tres pilares de las Naciones Unidas.

Las integraciones de los derechos humanos en las actividades de mantenimiento de la paz han mejorado en gran medida la preparación de las misiones de paz de las Naciones Unidas para impedir violaciones de los derechos humanos y reaccionar cuando se producen. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, han venido otorgando mandatos cada vez más amplios relativos a los derechos humanos a las operaciones de mantenimiento de la paz.

La capacidad de las operaciones de paz de las Naciones Unidas para proteger a la población local contra incidentes a gran escala de violaciones graves de los derechos humanos es, cada vez más, el rasero por el cual se analizan los resultados y el éxito de las misiones.

A fecha de junio de 2013, hay 15 componentes de derechos humanos en las misiones de paz de las Naciones Unidas.

3. Los derechos de la mujer ya se reconocen como derechos humanos fundamentales. La discriminación y los actos de violencia contra la mujer están en la vanguardia del discurso sobre los derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entró en vigor en 1981 y el Comité correspondiente se estableció en 1982. La Convención, que con frecuencia se ha descrito como una declaración internacional de derechos de la mujer, ha logrado una ratificación casi universal. En 1999 se aprobó un Protocolo Facultativo de la Convención.

En 2011 se estableció un Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica. Se trata del hito más reciente en la larga vía hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en diciembre de 1993, indica las medidas que deberían adoptar los Estados y los organismos internacionales para velar por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada.

La primera Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer fue nombrada en 1994.

4. Ahora existe un marco internacional que reconoce los desafíos a los que se enfrentan los migrantes y sus familiares, y garantiza sus derechos y los de los migrantes indocumentados.

Se calcula que 214 millones de personas viven actualmente fuera de su país de origen y muchos se han trasladado por diversos motivos, entre los cuales la búsqueda de protección y la búsqueda de oportunidades están estrechamente unidas.

Los migrantes con frecuencia ejercen trabajos sucios, peligrosos y degradantes. Aunque para algunos, la migración es una experiencia positiva y de potenciación, demasiados han de soportar violaciones de los derechos humanos, discriminación y explotación.

Los mecanismos de derechos humanos, como el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, establecido en 1999, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigor en 2003, han afirmado con claridad que, aunque los países tienen el derecho soberano de determinar las condiciones para la entrada y la permanencia en su territorio, también tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen, y de su situación en materia de inmigración.

5. Los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se han incluido en la agenda internacional.

Muchas personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) de todas las edades y todas las regiones del mundo sufren violencia física motivada por el odio. Muchas más sufren discriminación en el mercado laboral, las escuelas y los hospitales, o sus propias familias las maltratan y las repudian. Al menos en 76 países, tener una pareja del mismo sexo está tipificado como delito penal.

En los últimos años, muchos Estados han hecho esfuerzos decididos por fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGBT. Se han promulgado gran cantidad de leyes nuevas, como las que prohíben la discriminación, tipifican delitos motivados por homofobia, otorgan reconocimiento jurídico a las relaciones de personas del mismo sexo y facilitan la obtención por personas transgénero de documentos oficiales donde se reflejen sus preferencias.

En 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lanzaron un llamamiento mundial en favor de la despenalización de la homosexualidad en todo el mundo y otras medidas destinadas a frenar la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. Desde entonces, han planteado la cuestión repetidas veces en discursos públicos y reuniones privadas.

6. Ahora existen directrices para los Estados en apoyo de la libertad de expresión que también definen cuándo un discurso constituye incitación directa al odio o la violencia.

En años recientes, incidentes de incitación al odio, estereotipos negativos en los medios de comunicación, e incluso promoción del odio nacional o religioso por parte de funcionarios públicos y partidos políticos han dado lugar a matanzas de personas inocentes, atentados en lugares de culto y llamamientos a la represalia. Esta espiral de violencia llama a renovar la búsqueda del equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la necesidad, igualmente vital, de proteger a las personas y las comunidades frente a la discriminación y la violencia.

En 2013 se puso en marcha el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En él se recomienda, entre otras cosas, la promulgación de legislación nacional completa contra la discriminación con medidas preventivas y punitivas para luchar eficazmente contra la incitación al odio, así como el empoderamiento de minorías y grupos vulnerables.

Entre los factores clave planteados por el Plan de Acción de Rabat para prevenir la incitación al odio se cuentan la responsabilidad colectiva de los funcionarios públicos, los dirigentes religiosos y de la comunidad, los medios de comunicación y los particulares, y la necesidad de alimentar la conciencia social, la tolerancia, el respeto mutuo y el diálogo intercultural.

Basado en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/Pages/Achievements.aspx 

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